Getting My países sin extradición con españa To Work
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R: Estos países se han comprometido a no extraditar a ciudadanos de otros Estados por motivos políticos, religiosos o éticos.
En el caso de España, existen algunos países con los que no se ha firmado un acuerdo de extradición, lo que significa que, en teoría, no se puede solicitar la entrega de un individuo acusado de un delito cometido en España si se encuentra en uno de estos países.
Además, es importante mencionar que la falta de acuerdo de extradición con un país en distinct no debe ser un obstáculo para la justicia.
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El jurista indica que es clave que el Gobierno real paises que no tienen extradición y la Corte Nacional de Justicia comprenda que el problema no es la Ley de extradición vigente, que se estaría contemplando actualizar, sino que lo necesario es suscribir nuevos tratados.
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Proceso de entrega temporal: Los países pueden acordar una entrega temporal de un fugitivo para que pueda ser juzgado en el país que lo solicita. Esto implica que la persona sea entregada por un período de tiempo limitado y luego regrese al país de refugio.
Esto puede convertirse en un refugio para aquellos que buscan evadir la justicia o evitar ser enviados de regreso a su país de origen para enfrentar cargos penales.
En el polo opuesto, encontramos a los 121 países que no tienen no tienen tratado de extradición vigente con España y en los que, por lo tanto, no hay garantías de entrega de fugitivos salvo que se llegue a un acuerdo entre los respectivos gobiernos.
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Es importante destacar que la falta de un acuerdo de extradición no significa que una persona no pueda ser procesada o enjuiciada por delitos cometidos en otro país. Sin embargo, puede complicar el proceso de llevar a un individuo de vuelta al país donde se le acusa de un delito.
Es importante tener en cuenta que la falta de acuerdo de extradición no significa necesariamente que un país no pueda cooperar con otro en materia de justicia.
four. Limitaciones en la justicia transnacional: La falta de acuerdo de extradición puede limitar la capacidad de los tribunales españoles para juzgar a personas acusadas de delitos cometidos en el país sin acuerdo.
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